Una sentencia constitucional emitida el 20 de febrero de 2013 ordenó a las autoridades de Pando, al INRA, a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y al municipio de Nueva Esperanza hacer respetar el territorio indígena de Tacana La Selva.
Según los indígenas, las tierras ancestrales (80.000 ha) están siendo ocupadas e invadidas por determinados grupos de poder en pleno conocimiento del Gobierno.
Lorgio Gutiérrez, director nacional de la ABT, indicó que la resolución no los obliga a nada. No obstante, dijo que sostienen reuniones para hacer cumplir la sentencia en lo que le compete a la ABT
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